Hay que vencer la reserva contractual de determinados seguros para construir viviendas en otros emplazamientos o garantizar el mantenimiento de la actividad agrícola, fundamental para la economía de la Isla
Los afectados por la erupción de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma podrían perderlo todo si no se articulan determinados mecanismos para que puedan recuperarse del descalabro económico al que se enfrentan. El Consorcio de Compensación de Seguros ha confirmado que se encargará de las indemnizaciones al estar englobada la erupción volcánica dentro los “riesgos extraordinarios” pero que lo hará “con arreglo a los capitales asegurados y a las cláusulas del contrato de seguro del afectado”.
Desde ASUFIN hacemos un llamamiento a la responsabilidad de las aseguradoras dado que determinado clausurado podría desactivar coberturas clave para los afectados.
Por ejemplo, tenemos constancia de la existencia de cláusulas en seguros del hogar referidos a la “reconstrucción efectiva en el mismo emplazamiento”, que obliga a que “el edificio debe reconstruirse en el mismo emplazamiento y sin modificaciones importantes”, lo que tiene un impacto directo en estos afectados que están viendo cómo sus inmuebles no sólo están siendo devorados por la lava sino que dejan inutilizados por tiempo indeterminado los suelos en los que están ubicados. Otro contrato asegurador tomado como ejemplo especifica que “en ningún caso será indemnizable la ‘ruina económica’ (…) que condicione la reparación, reposición o reconstrucción de los bienes dañados”.
Por otra parte, hay que recordar que los bancos son acreedores privilegiados con derecho preferente sobre las indemnizaciones del Consorcio. Y como tal, las entidades podrían cobrar en algunos casos estas indemnizaciones para liquidar los préstamos, habida cuenta de la inviabilidad de una reconstrucción. Tenemos como precedente el terremoto de Lorca. Sin embargo, hay que calcular el efecto que esto puede tener sobre las familias afectadas, especialmente aquellas más vulnerables, como jubilados o dependientes, con dificultad para afrontar una situación de vuelta a empezar.
Finalmente, llamamos la atención sobre la situación en que quedan las pequeñas explotaciones agrarias, excluidas de la cobertura del Consorcio. Hablamos, por ejemplo, de unas 1.200 hectáreas aproximadas de plataneras afectadas hasta el momento. En última instancia, el Gobierno tiene mucho que decir a la hora de articular medidas extraordinarias que lleguen a donde no podrán hacerlo las propias compañías.
