Quieren rebajar el importe de las resoluciones vinculantes de 20.000 a 1.000 o 2.000€ cuando una mera reclamación de gastos ya asciende a 1.500€
Partido Popular, PNV y PdeCat pretenden vaciar de contenido las reclamaciones que se presenten a la futura Autoridad bancaria con resolución vinculante, es decir, las que se podrán dirimir sin necesidad de acudir a tribunales. En la actual propuesta, alcanzan un importe de hasta 20.000 euros, pero el Partido Popular quiere rebajarlo a sólo 1.000 euros y los nacionalistas a 2.000 euros. Por su parte, Ciudadanos también es partidario de que sólo alcancen 6.000 euros.
Desde ASUFIN no podemos estar más en desacuerdo: “No podemos retroceder pasos, un límite tan bajo nos haría volver a la época de las preferentes cuando los despachos saturaron de demandas los tribunales”, opina Patricia Suárez, presidenta de la asociación. “La cuantía propuesta por el PP, 1.000 euros, supondría que una simple reclamación de gastos o de comisión de apertura tendría que ir a tribunales, pues la media es de 1.500 y 3.000 euros respectivamente. Un ejemplo muy claro son las preferentes, las que se resolvieron por el famoso arbitraje fueron mayoritariamente por importes inferiores a 10.000, lo que supone que una Autoridad con un límite de 1.000 o 2.000 euros no hubiese ayudado a los cientos de miles de preferentistas.”
El importe mínimo de reclamación con derecho a resolución vinculante es uno de los cambios más importantes que incorpora la futura Autoridad de defensa del cliente bancario, a punto de aprobarse y que hoy será objeto de dictamen por parte de la Comisión de Economía del Congreso.
Instamos a todos los grupos parlamentarios a pensar en el objetivo último de este mecanismo, que no es otro que defender los derechos del cliente financiero estableciendo un marco moderno y avanzado que descongestione nuestros tribunales de reclamaciones que pueden ser atendidas de forma ágil.
Cuando se haga realidad, España habrá dado un paso más para homologar su sistema de resolución de conflictos del usuario financiero con el de los países a la vanguardia en esta materia, pero no podemos permitirnos que lo haga a un coste tan elevado, como el de reducir hasta la insignificancia la cuantía mínima para las reclamaciones vinculantes.
