Las hipotecas comercializadas por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) son probablemente las más complejas y poco transparentes del mercado y las que acarrean unas consecuencias más perjudiciales para el consumidor.

Durante el 2009 y el 2012 especialmente, en plena crisis económica y endurecimiento de los requisitos para acceder a un préstamo, esta entidad participada por el Banco Santander y BNP Paribas comercializó más de medio millón de hipotecas, en muchos casos a través de la inmobiliaria. Dicho de otro modo, en una época en la que el crédito estaba restringido, una persona interesada en una vivienda podía acceder a financiación a través de la propia inmobiliaria que le ofrecía la compra.

La principal peculiaridad de estas hipotecas es el sistema de amortización, que lejos de inspirarse en el sistema de amortización francés (el vigente en una hipoteca convencional), permite el anatocismo, es decir, la capitalización de intereses. De esta forma, miles de familias no habrán amortizado por completo su préstamo al finalizar el periodo pactado porqué la deuda aumenta al mismo tiempo que aumentan los intereses debidos. Además, estas hipotecas están referenciadas al índice de IRPH que tradicionalmente se ha situado por encima del Euribor, lo que suponía un previsible encarecimiento de la hipoteca.

El pasado 3 de marzo de 2020, el TJUE se pronunció en su sentencia asunto C-125/18 a favor de los consumidores, corrigiendo así al Tribunal Supremo, que había cerrado la puerta a reclamar aquellas hipotecas referenciadas al IRPH. Los jueces tendrán que comprobar si se explicó el IRPH de manera clara y transparente como para que un consumidor medio pudiera comprender el coste económico que le iba a suponer.