La presidenta de ASUFIN interviene en la Conferencia Anual de Finance Watch «Ten Years after Pittsburgh: Changing Finance for Good?» para analizar en qué aspectos se ha avanzado y qué queda por hacer para paliar los efectos perniciosos de la crisis financiera
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«Todavía estamos luchando contra los productos tóxicos y cláusulas abusivas que las entidades financieras comercializaron en España cuando se hacían patentes los efectos de la intensa crisis financiera que asoló no sólo nuestro país sino al resto de economías; afectó a una gran cantidad de consumidores españoles». Fue una de las reflexiones de Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, durante su intervención en la Conferencia Anual de Finance Watch, «Ten Years After Pittsburgh: Changing Finance for Good?», que tuvo lugar ayer, en Bruselas.
España es un país muy bancarizado y con una sociedad que históricamente ha optado más por la compra de una vivienda en vez del alquiler, explicó Suárez, lo que explica la propensión por parte de las entidades a la comercialización de productos que, en muchas ocasiones, no se ajustaban perfectamente a las necesidades de los consumidores.
Este escenario fue sin duda terreno abonado para el estallido de la burbuja inmobiliaria, razonó en su intervención la presidenta de ASUFIN. Sólo en 2005, se construyeron más de 800.000 viviendas en España, un número muy superior al que registraron países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia ese mismo año; representando la población española una cuarta parte del total en esos países.
Entre los productos tóxicos que fueron comercializados por las entidades en ese periodo crítico, de 2006 a 2008, encontramos los swaps (seguros de tipo de interés), las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa (en yenes y francos suizos), el IRPH, hipoteca inversa, fondos estructurados y bonos convertibles. Con posterioridad, las entidades han seguido actuando con una evidente mala praxis: preferentes y deuda subordinada, en 2009 y 2010; salida a bolsa de Bankia, en 2011; quiebra del Banco Popular, en 2017 y crédito Revolving, en estos momentos.
La presidenta de ASUFIN hizo un repaso del dramático perjuicio económico que ha supuesto para el consumidor español medio la contratación de productos inadecuados o con cláusulas abusivas ofrecidas con una falta de transparencia patente, como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de tribunales de todo el país a lo largo de estos años.
Más de 4.000 municipios en nuestro país no dispone de oficina bancaria; una realidad que afecta a más de 1,2 millones de habitantes
Patricia Suárez
Finalmente, Patricia Suárez hizo una mención al problema de exclusión financiera que se hace especialmente patente en la llamada España vaciada. Con datos en la mano: hay más de 4.000 municipios en nuestro país sin oficina bancaria o cajero automático, lo que se traduce en más de 1,2 millones de habitantes (el 2,7% de la población) afectados. Muchos municipios tiene que pagar para disponer de servicios bancarios en forma de autobuses que se trasladan con oficina bancaria móvil.
