Las asociaciones de consumidores reducen su presencia de miembros en el consejo consultivo
Celebramos que el Congreso de los Diputados haya dado luz verde al Proyecto de Ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, lo que significa que el organismo que tanto hemos esperado y reclamado será una realidad antes de finalizar esta Legislatura.
Finalmente, uno de los elementos que siempre hemos considerado clave de la Autoridad, la tasa que financiará al organismo, sale del Congreso modulada, en función del número del número de reclamaciones y de reclamaciones en contra que reciba cada entidad. Una alternativa al pago fijo de 250 euros que, eso sí, debe cumplir con dos requisitos: asegurar la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios, así como cumplir con la finalidad de ser disuasorio de las malas prácticas de la banca.
Por otra parte, el nuevo texto que sale del Congreso ha diluido la presencia de las asociaciones de consumidores en el consejo consultivo de la Autoridad, reduciendo de tres a uno sus miembros, siendo ocupados los otros dos por asociaciones de mayores y de discapacitados. Consideramos que consumidores somos todos y la representación que ejercemos las asociaciones de consumidores es inclusiva e integradora.
Finalmente, vemos que el dinero que se recaudará de las multas a las entidades financieras será ingresado en el Tesoro, sin mención alguna que se tenga que destinar a ningún fin en pro de la mejora de la educación financiera o similar.
Como consideración positiva, las reclamaciones de la Autoridad que finalmente pasen a ser vistas en los juzgados se harán en el fuero del cliente, es decir, serán competentes los juzgados de primera instancia que tengan su sede en la capital de la provincia del domicilio del cliente.
En general, también nos parece positivo la gran observancia para con los asuntos que atañen al colectivo de los mayores, discapacitados y otros colectivos en riesgo de exclusión. Y muy especialmente todas las mejoras en torno al cumplimiento de la legalidad a la hora de contratar las cuentas básicas de pago.
En concreto, vemos muy positivo que se haya llegado a un acuerdo con los documentos pedidos para abrir las cuentas básicas a los colectivos más vulnerables, como los que se encuentran en situación irregular en nuestro país, pero no pueden ser expulsados. En esos casos, de manera excepcional y con autorización de los servicios sociales, las entidades que integran a estos colectivos podrán emitir certificados de exclusión financiera para facilitar y agilizar esos procesos de aperturas de cuenta.
