España es uno de los cuatro países de la UE que acumula dos años de retraso en transponer la Directiva de acciones de representación colectiva
La lentitud de la Justicia se hace especialmente patente en el caso de las demandas colectivas, un tipo de procedimiento que no funciona en nuestro país por el desconocimiento en los tribunales y la falta de recursos para su efectiva aplicación. Las asociaciones de consumidores tenían sus esperanzas puestas en la transposición de la Directiva relativa a las acciones de representación, sin embargo, no conformes con un retraso de casi dos años en su transposición, el Congreso acaba de retirar su tramitación para volver a empezar de cero.
ASUFIN considera especialmente urgente la transposición de esta Directiva dado que su experiencia en acciones colectivas es frustrante para el consumidor. En concreto, de la veintena de demandas colectivas presentadas por ASUFIN, sólo han finalizado cuatro procedimientos, mientras que el resto siguen aún en marcha, algunos, interpuestos en 2016 y 2017, no se han resuelto todavía acumulando ya 7 y 8 años de retraso.
Un ejemplo es demanda colectiva contra Bankinter por la hipoteca multidivisa, admitida a trámite el 17 de mayo de 2016, apenas hemos recibido la sentencia de primera instancia. El banco sin ninguna duda agotará todas las instancias, hasta el Tribunal Supremo, lo que supondrá otros 4 años más hasta tener la resolución definitiva. Muchos afectados prefirieron la vía individual ante la evidencia de que no hay manera de que reciban justicia de forma colectiva ante una mala práctica que sí fue generalizada.
No es el único caso en materia de multidivisa; en su momento, se presentaron demandas colectivas contra Barclays (hoy CaixaBank) y Banco Popular por estas hipotecas suscritas en divisa extranjera que siguen estancadas en distintas fases. Mientras la primera está pendiente del Supremo, la segunda sigue esperando la primera sentencia de instancia.
Otros asuntos tan importantes, como el que mantenemos contra hasta cinco entidades (WiZink, Carrefour, CaixaBank, Santander y Bankinter) a cuenta de las opacas y peligrosas tarjetas revolving, se mantienen también varados en varias fases procedimentales. Los de Bankinter y Banco Santander, por ejemplo, no ha visto celebrar juicio aún desde su admisión a trámite en 2021. En el caso de WiZink, estamos aún en la fase de primera instancia, y esperamos noticias del Supremo para Carrefour y CaixaBank, cuando ya han pasado 4 años desde la interposición de las correspondientes demandas.
Por otro lado, la demanda colectiva que presentamos por la cláusula de gastos hipotecarios contra Banco Santander, CaixaBank, Bankia (ahora CaixaBank) y Banco Sabadell sigue pendiente de una sentencia de primera instancia desde el año 2017. El resto de las acciones colectivas contra la cláusula de gastos.
Retraso en la transposición de acciones colectivas
A esto se suma, que nuestro país está señalado, junto con Francia, Estonia y Bulgaria, por ser los únicos que aún no han transpuesto la Directiva de acciones de representación colectiva. El plazo venció el 25 de diciembre de 2022, y el 25 de junio de 2023 entró en vigor en el territorio UE.
En nuestro país, el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que contenía la transposición de esta Directiva, se ha quedado listo para su aprobación en el Pleno del Congreso, pero sin la parte correspondiente a las acciones colectivas, que ha sido retirada por falta de acuerdo. La obligación de transposición permanece, así que los diferentes grupos tendrán que seguir buscando un acuerdo para lograr el consenso que lleve a la aprobación de un sistema eficaz de acciones colectivas para nuestro país.
Es urgente entender que los pleitos se tienen que poder presentar de forma colectiva y que la tramitación de estos no puede sufrir los retrasos que vemos actualmente. Esto permitirá liberar a los juzgados civiles y mercantiles del atasco que sufren, con miles de casos de afectados particulares. Instamos por ello al Gobierno y a los partidos políticos a que retomen las negociaciones para que esta herramienta tan necesaria para combatir los abusos se apruebe lo antes posible en nuestro país.
