Patricia Suárez traslada al encuentro en el Ministerio de Economía la necesidad de que los servicios que presta la banca sean considerados de interés general
“Como consumidores, queremos tener una capacidad de elección para contratar los servicios bancarios, cuanta mayor concentración peor oferta”, trasladó Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, a su salida del Foro de seguimiento de Buenas Prácticas Financieras, como representante de los usuarios, junto con la Plataforma de Mayores y Pensionistas, así como Carlos San Juan, que también contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante a las patronales bancarias, AEB, CECA y Unacc, reunidos todos esta mañana, en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en presencia del ministro Carlos Cuerpo y el Banco de España. “La actividad de banca debe ser considerada bien de interés general para que rompamos con la brecha de exclusión financiera de colectivos vulnerables como los mayores”, trasladó al foro.
Y uno de los ejemplos más perniciosos de cómo la actividad bancaria no sigue una lógica favorable a ese interés general lo tenemos en la reciente traslación de la remuneración de los depósitos, explicó Suárez. “La acelerada subida de tipos vivida en los dos últimos años se trasladó de manera directa a las hipotecas pero no así a los depósitos”, afirmó coincidiendo en su diagnóstico con el ministro Carlos Cuerpo, que se refirió a lo reportado por el propio Banco de España, que achaca a una “posible falta de competencia” la anomalía vivida en España, donde los depósitos siguen “por debajo de la media europea”, algo que, admitió el ministro “nos preocupa”.
Suárez también se refirió a los nuevos datos ofrecidos por la banca sobre exclusión financiera, admitiendo que “no sólo hay que atender a los grandes números, también hay que buscar la realidad cualitativa, y no sólo cuantitativa de la exclusión financiera: si cada vez hay menos empleados, el servicio que dan éstos no puede ser de calidad”.
Suárez compartió en la reunión que “en lo que se refiere a la inclusión financiera de mayores, apreciamos una mejoría en la atención personal (con presencia de más gestores personales y del acompañamiento a cajeros), así como en los compromisos de formación en herramientas bancarias, pero son mejoras que están enfocadas a ambientes urbanos principalmente”. Sin embargo , “observamos que la obligación de operar en los servicios más básicos en cajero se incrementa, mientras sigue decreciendo el uso de la libreta de ahorros, en una suerte de ‘dejarla morir’, que pone cada vez más difícil su uso, limitando el uso de cajeros que permiten utilizarla”.
Con respecto a la inclusión rural, Suárez aportó en la reunión que “la sensación es que las medidas alternativas, como el servicio que presta Correos, o la prestación financiera a través de los comercios, no terminan de desarrollarse y la actividad financiera de estas poblaciones sigue dependiendo del servicio que prestan los bancos, a través de oficinas móviles y cajeros. Es más, seguimos detectando prácticas de riesgo en los mayores, como sacar dinero solo una vez al mes. En ese sentido, son muchos los que dependen de familiares y amigos para que les lleven al banco a otra localidad, lo que refuerza que no están funcionando muy bien las alternativas o no les parecen satisfactorias”.
