La situación de saturación en la que se encuentran determinados juzgados especializados, como el 101Bis de Madrid o el 50 de Barcelona, se refleja en asuntos que han llegado a tardar hasta 2 años y tres meses (814 días) en admitirse
Es imprescindible dotar de mayores medios para avanzar en la rápida resolución de los procedimientos en materia de consumo financiero, el CGPJ y las CCAA no pueden seguir cerrando los ojos ante un problema tan grave para los consumidores”, asegura Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN
Viernes, 8 de noviembre de 2019. Los Juzgados especializados en cláusulas abusivas tardan una media de año en la admisión a trámite de los procedimientos, aunque hay casos de saturación preocupante, a juicio de ASUFIN, como los de los juzgados 101Bis de Madrid y 50 de Barcelona que arrojan periodos de admisión a trámite de hasta un año y diez meses (665 días), en el primer caso, y de dos años y tres meses (814 días), en el segundo.
Según los datos de que dispone esta asociación, basados en los procedimientos que recalan en estos juzgados, y que están referidos a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, entre otros, el periodo de admisión a trámite más habitual es de 515 días (un año y cinco meses). En otros juzgados especializados, los datos de ASUFIN revelan un retraso en la admisión a trámite de hasta 616 días en el juzgado de primera instancia número 10 de Sevilla o de hasta 582 días en el juzgado de primera instancia 7 Bis de A Coruña.
Ante esta situación, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, considera “imprescindible dotar de mayores medios” a estos juzgados para “avanzar en la rápida resolución de los procedimientos en materia de consumo financiero”, dado que, finalmente, “la justicia que es lenta no es justicia”.
Suárez se ha mostrado preocupada ante “la ceguera del CGPJ y las CCAA manteniendo unos tribunales que requieren de medios materiales y humanos”. La presidenta de ASUFIN advirtió que “ se están produciendo dilaciones indebidas, vulnerando así el art. 24 de nuestra Constitución”. Desde la asociación, concluye, “no descartamos denunciar la situación y, si hiciera falta, llegar hasta Estrasburgo”.
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