ASUFIN denuncia la Instrucción por la que todas las cláusulas no registradas se considerarán particulares y, por tanto, negociadas.
ASUFIN considera que la Instrucción vulnera la Ley al rebajar el control de las cláusulas por parte de notarios y registradores.
«Un ataque a la seguridad jurídica y a la transparencia material que propugna la Ley» según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.
– Circular
– BOE
– Recurso ASUFIN contra la Instrucción
La Ley 5/2019, conocida como la Ley Hipotecaria, que entró en vigor el pasado 16 de junio llevaba entre sus objetivos dotar el mercado inmobiliario de mayor transparencia y seguridad jurídica para reducir la litigiosidad.
Así, uno de los mayores avances de esta Ley era la obligación por parte de las entidades financieras a depositar los formularios o clausulados de sus hipotecas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. De esta manera, los notarios y los registradores se verían obligados a contrastar en dicho Registro si el contrato coincidía con el depositado y, en caso contrario, no se podría proceder a su inscripción en el Registro.
Además, toda cláusula que fuera declarada nula por abusiva en sentencia firme, se tiene que inscribir en el Registro de manera que el banco ya no pueda incluirla en sus contratos. El notario estaría, una vez más, obligado a consultar el Registro para comprobar que dicha cláusula no había sido declarada nula.
Estas medidas, que favorecen la transparencia en la contratación y la seguridad jurídica que tanto reclaman las entidades financieras, quedarán vacías de contenido con la aplicación de la Instrucción publicada en el BOE de 14 de julio. Según la Instrucción, toda aquella cláusula que no esté inscrita se considerará automáticamente condición particular, o lo que es lo mismo, que la cláusula ha sido negociada. De esta manera, la voluntad de la Ley de reforzar la intervención notarial y registral queda completamente diluida en perjuicio del consumidor pero también de la seguridad jurídica tan necesaria para todos los operadores del mercado.
Para la presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, «la obligación de inscripción de las condiciones generales en el Registro suponía un gran avance para la transparencia en la contratación seriada. Permitía a los consumidores contrastar los diferentes contratos ofrecidos por las entidades y a las asociaciones, como ASUFIN, poder vigilar mejor que no se cometieran los abusos del pasado.» y añade «Además, la Instrucción supone que ni el notario, ni el registrador, puedan hacer un control de legalidad de la cláusula abocándonos, una vez más, a los tribunales en caso de disputa.»
ASUFIN ha decido recurrir esta Instrucción en la certeza de que vulnera la Ley y perjudica a los consumidores.
