Todas las entidades de medios de pago, ya sean bancos, fintech o bigtech, tendrán que contar con un servicio de atención al cliente que tendrá que resolver las quejas antes de quince días, según recoge el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros este viernes, que transpone la directiva de servicios de pago, conocida como PSD2. Antes, había de plazo dos meses. Si el organismo no resuelve el caso, la queja se elevará al Banco de España, aunque su resolución no es vinculante. Los bancos ya cuentan con estos departamentos, pero a partir de ahora empresas como agregadoras de datos o iniciadoras de pagos tendrán que implementarlos.
El Gobierno en funciones tiene previsto crear un megaorganismo para defender al consumidor. Tras su creación, las reclamaciones de este tipo irían a ese organismo y los veredictos sí que tendrán que ser asumidos por las empresas si vulneran los derechos de los consumidores.
En estos momentos, operan en España 43 entidades de pago registradas en el Banco de España, aunque puede haber más activas que pueden utilizar el pasaporte europeo para hacer negocio en España. Con la nueva normativa, las compañías agregadoras de pagos estarán reguladas y supervisadas por el Banco de España.
La idea de la normativa europea persigue proteger a los clientes de servicios de pago, es decir a todos los ciudadanos, cuando hacen compras, transferencias u otras operaciones financieras. Fuentes del Ministerio de Economía han destacado que la transposición al ordenamiento jurídico español “refuerza la seguridad y transparencia, fomenta la innovación garantizando la protección de los usuarios, favorece la competencia y armoniza la prestación de este servicio en la Unión Europea”.
Pagos
La seguridad prima en los pagos con transferencia bancaria, tarjeta o códigos QR
El nuevo real decreto regula los servicios de pago a través de los cuales los clientes pueden efectuar y recibir pagos, ya sea mediante una cuenta o utilizando instrumentos como tarjetas, códigos QR o la iniciación de pagos, incluyéndose también la retirada de efectivo en cajeros.
Las normas tratan de incrementar la seguridad para los ciudadanos en la contratación de nuevos proveedores, aumentando la información de los contratos suscritos y las operaciones realizadas, así como mejorar la transparencia para los comerciantes al establecer la información que deben recibir de todas las operaciones de pago en las que intervengan. Para los operadores financieros, se concretan los requisitos para la prestación de servicios, abogando por la proporcionalidad y exigiendo unas mismas reglas de juego para que todos los operadores de servicios de pago desarrollen su actividad en igualdad de condiciones, permitiendo a los usuarios elegir libremente entre una serie de servicios que cuenten con las mismas garantías.
El Gobierno en funciones ha podido sacar adelante esta iniciativa porque la directiva europea tenía que haber sido transpuesta a principios del 2018.
Si grandes big tech, como Amazon, Google, Facebook o Apple, quieren conceder créditos tendrán que solicitar ficha bancaria para operar en España.Pero esto ya es otro capítulo que trasciende a la nueva norma.
