Firma para que reclamar no te cueste dinero
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¿Cómo puedes ayudar?
Simplemente firmando esta petición en el formulario que encuentras a la derecha. Defenderemos que la nueva Ley Orgánica de Derecho de Defensa garantice que a los consumidores no nos cueste dinero cuando tenemos razón.
¿Qué está pasando?
● La justicia está colapsada: ¡En algunas ciudades como Madrid, los pleitos contra la banca están tardando más de 8 años! ¡Sí, 8 años!. Calculamos que hay más de medio millón de procedimientos colapsados en los juzgados especializados. Aún quedan más de 15 millones de personas más que tienen derecho a reclamar contra la banca y no lo hacen por miedo a los costes, además de a un procedimiento largo y tedioso.
● Los tribunales están reduciendo las costas de los procesos, limitando las cantidades de manera arbitraria y perjudicando el bolsillo del consumidor: los consumidores tienen que pagar de su bolsillo los honorarios de abogado y procurador en vez de asumirlos el que ha abusado de nuestros derechos. Si los profesionales no reciben unos honorarios dignos por reclamaciones de poco importe, como los gastos hipotecarios, los consumidores no encontrarán abogados que los quieran defender en tribunales, lo que supondrá un retroceso en los derechos de todos y una victoria de las grandes empresas que podrán seguir imponiendo condiciones abusivas.
● Las entidades financieras incumplen sistemáticamente la ley: sólo en los juzgados especializados se han resuelto más de 700 mil casos, y la banca pierde… ¡el 97,9% de las veces! Es decir, utilizan la justicia para pagar lo más tarde posible y mientras tanto, el dinero en sus bolsillos. No nos podemos olvidar que los tribunales los pagamos entre todos con nuestros impuestos: ¡El colapso de la justicia nos está costando una fortuna a los españoles!
RESULTADO: DESPROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. Si no se reconoce la labor de los abogados y la justicia se eterniza, salen ganando los que abusan del sistema. ¿Te imaginas perseguir un caso durante 8 años para cobrar unos pocos cientos de euros? Si seguimos así, no va a haber abogados de consumo que defiendan a los consumidores y se extenderá como una epidemia: ningún abogado querrá demandar a un banco, a una eléctrica o a una empresa de telecomunicaciones si los consumidores no podemos pagarles. Para ello, necesitamos que los tribunales condenen a los que abusan a pagar los costes del procedimiento de manera adecuada.
¿Qué estamos pidiendo?
● TRANSPARENCIA: Que como consumidor sepas con total transparencia cuánto te va a costar el pleito, tanto si lo ganas como, más importante aún, si lo pierdes, porque tendrás que hacer frente a los gastos del contrario.
● RAPIDEZ: Que se agilice la justicia: en concreto que se eliminen los juzgados especializados y que para los casos que están en proceso se refuercen con tecnología y personal. ¿Has visto lo eficiente que es Hacienda para cobrar o lo fácil que es poner una multa de tráfico? Pedimos a la administración el mismo esfuerzo para tener una justicia digna, que debe ser pilar de toda sociedad moderna.
● COMPENSACIÓN: Que el incumplidor pague todo el daño que genera. Queremos unas costas disuasorias (como marca la jurisprudencia) para frenar la mala praxis de las grandes empresas y evitar abusos futuros. Que un caso sea claro jurídicamente no debe castigar el bolsillo del consumidor sino el del incumplidor.
● REGULACIÓN: Que el Legislador recupere los criterios ya aprobados en su momento por los distintos colegios de abogados para tasación de costas y jura de cuentas, que prevea la actualización del IPC y que lo ajuste a la realidad judicial de hoy, con vocación de permanencia, añadiendo penalizaciones basadas en criterios como la mala fe del contrario y el tiempo que se dilata cada proceso. Y que dichos criterios se apliquen en los casos ya judicializados.
● PROFESIONALIDAD: Apelamos a los Colegios, profesionales, administraciones públicas y demás operadores jurídicos para que no dejen pasar esta oportunidad para conseguir un desarrollo legislativo que garantice unos honorarios dignos que faciliten a los consumidores acceder a una tutela judicial efectiva.
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