El mecanismo tiene que ser freno eficaz al vía crucis judicial de los afectados por malas prácticas financieras
A punto de conocer los detalles de la futura Autoridad de defensa del cliente financiero, insistimos en los requisitos mínimos que tiene que reunir el organismo para cumplir con su misión: asegurar una correcta financiación que garantice su funcionamiento y articular una tasa por reclamación lo suficientemente efectiva como para que siga siendo un elemento que disuada al banco de llevar la reclamación hasta el final, con lo que esto supone de cogestión en los tribunales y coste para clientes y arcas públicas.
En este sentido, una de las principales claves está en que el organismo pueda ser un freno eficaz al vía crucis judicial que afrontan los afectados por malas prácticas financieras. “El nuevo mecanismo debe operar en una doble dirección: disuadir a los bancos reincidentes de las malas prácticas en la comercialización, contratación y gestión de productos y servicios, y premiar la correcta atención al cliente y la resolución de conflictos en las SAC”, señala Patricia Suárez.
A falta de examinar los pormenores del mecanismo, valoramos especialmente las enmiendas orientadas a una mejora clara de la protección del consumidor financiero. Así, hasta cuatro partidos (PNV, Cs, PdeCat y ERC) piden una mejor información y protección del consumidor ante las ventas combinadas de seguros con las hipotecas que nos parecen muy pertinentes. La propuesta de enmienda pretende incorporar cautelas en la ley 5/2029 que prohíbe la venta vinculada como que el prestamista no podrá empeorar las condiciones del préstamo por aceptar un seguro alternativo ni cobrar comisión alguna por analizar pólizas alternativas. Un resquicio legislativo que ha supuesto que, en la práctica, todas las hipotecas vayan vinculadas a uno o varios seguros sin que el consumidor se pueda oponer.
Por otro lado, creemos que es oportuno y necesario que el nuevo procedimiento extrajudicial incorpore la resolución de reclamaciones colectivas por coherencia con la modificación de la regulación de acciones de representación. Es un tema que introducen dos partidos, ERC, en la línea de defender y promover la iniciativa, y PdeCat, que acepta tal posibilidad.
Como venimos manifestando, la nueva Autoridad debería aprovechar la transposición de la Directiva de acciones de representación, conocida como acciones colectivas, para agilizar la resolución de conflictos masivos, aliviar los tribunales y mejorar la defensa de los consumidores.
El Gobierno está impulsando la Autoridad al mismo tiempo que las Acciones colectivas, siendo ambas las dos normas más importantes en materia de consumo que saldrán adelante antes de finalizar la Legislatura. Patricia Suárez declara: “instamos a los parlamentarios a que aceleren su tramitación, son muchos los consumidores que siguen sufriendo la lentitud de la justicia” además la presidenta reitera que “se debería aprovechar la oportunidad para poner coto a la alta litigiosidad en materia bancaria de los últimos años dotando a la Autoridad de facultades que le permitan gestionar acciones colectivas y agilizar así la resolución de las reclamaciones”.
Tasa por reclamación
Con relación a la tasa que deben pagar las entidades (250 euros por cada reclamación interpuesta ante la Autoridad), contamos con que pueda sufrir modificaciones en su redacción actual. Sin embargo, consideramos que, de las planteadas, algunas propuestas diluyen por completo el propósito de dicha tasa, como la reducción a 50 euros que plantean PNV, Junts, Ciudadanos y PdeCat.
Sí consideramos que podría valorarse que la cuantía pudiera verse modulada en función del número de reclamaciones que recibe cada entidad y con relación a la dimensión de su actividad para ajustarla al principio de proporcionalidad. Eso sí, siempre partiendo de un mínimo que, razonablemente, responda al principio disuasorio de malas prácticas que, por otro lado, se vería reforzado en aplicación de la proporcionalidad mencionada.
