La mayor parte de la protección del consumidor tiene su origen en legislación europea, lo que da cuenta de la importancia de estas elecciones para nuestra vida cotidiana
Si los responsables políticos actuales y los candidatos europeos se toman quisieran tomarse en serio la tarea de mostrar el valor de la UE, harían bien en centrarse en los beneficios tangibles que ha aportado a los consumidores. Los políticos europeos tienen un gran interés en mostrar lo que la UE ha hecho y puede hacer para mejorar la vida cotidiana de los consumidores. Aquí os dejamos las reflexiones de Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, en consenso con el resto de las asociaciones miembro que pertenecemos a BEUC, a algo más de una semana de la crucial cita electoral.
Estamos citados a unas cruciales elecciones al Parlamento Europeo y no vemos encima de la mesa los temas críticos en los que la UE contribuye a nuestra vida cotidiana como consumidores. Han tenido mucho eco las “tractoradas” que culpan a la UE de sus penurias y, eso sí, los debates sin descanso sobre el auge del populismo y el euroescepticismo. Siendo, sin duda, preocupaciones que merecen la atención del público, este ruido ignora los valores y beneficios que la UE aporta a las personas.
A nuestra asociación, junto con el resto de colegas de las asociaciones de consumidores de toda la UE, nos preocupa que se habla poco de lo que la UE ha hecho, hace y debería hacer por los ciudadanos. Este tema debería ocupar el centro de la atención en vísperas de las elecciones.
Los consumidores son el núcleo de la UE: el mercado único. Compramos, trabajamos, viajamos e invertimos en él, contribuyendo a su desarrollo. Algunos lo hacemos entre países europeos, porque viajamos o vivimos a un lado de la frontera y trabajamos al otro y la UE adopta leyes que hacen funcionar este mercado. Estas leyes funcionan como redes de seguridad en nuestra vida cotidiana: en el supermercado, en el tren, en Internet y mucho más allá.
Gracias a estas leyes gozamos de innumerables beneficios. Por ejemplo, la UE garantiza la seguridad de los alimentos que se venden a los consumidores exigiendo estrictas normas de higiene desde la granja hasta la mesa. Gracias al sistema de alerta rápida de la UE, nuestras instituciones españolas son informadas por los demás países de la UE cuando se encuentra un producto peligroso en el mercado. Y las normas de diseño ecológico y etiquetado energético nos ayudan a ahorrar hasta 1.800 euros al año al hacer que los electrodomésticos, como las lavadoras, sean más eficientes desde el punto de vista energético. La UE también vela por que nuestros mercados sigan siendo competitivos, ampliando las opciones de los consumidores en servicios de telecomunicaciones o transporte aéreo. Y protege a los consumidores vulnerables, ya sea para evitar que se les corte el suministro de electricidad o gas si tienen problemas para pagar sus facturas, o que se vean abocados a un endeudamiento excesivo.
De hecho, la mayor parte de nuestra legislación de protección del consumidor tiene su origen en la legislación de la UE. La UE no debe tenerse en cuenta como un ente abstracto, sino en la medida en que aporta beneficios a nuestra vida cotidiana. Y las asociaciones de consumidores, por supuesto, no dejamos de someterla a crítica.
En concreto, en ASUFIN no estamos de acuerdo con algunas decisiones de la UE, como tampoco lo estamos con algunas de nuestro gobierno. Nuestro mensaje es claro: promover las ventajas y abordar los quebraderos de cabeza diarios a los que se enfrentan los consumidores, o podrían enfrentarse en el futuro.
No podemos olvidar lo básico. Por muy complejos que se vuelvan los mercados, se han revisado algunos derechos básicos de los consumidores para adaptarlos a la economía digital, con mayor atención a los consumidores más vulnerables. Pensemos en la seguridad al comprar o utilizar productos de consumo, o en no ser estafado a la hora de pedir un préstamo.
Pensemos también en los obstáculos que persisten para quienes quieren aislar sus casas para ahorrar en la factura de la luz. O las etiquetas verdes engañosas que se exhiben con orgullo en cualquier producto o servicio, desde páginas web de aerolíneas hasta envases de productos lácteos, pasando por un par de vaqueros producidos en países de todo el mundo en condiciones laborales cuestionables.
Además, en un contexto en el que predomina la comida poco saludable, es sumamente difícil identificar y permitirse la compra de alimentos sanos y sostenibles.
¿Y qué hay de la reparación cuando algo sale mal? Tenemos que exigir mayores garantías para nuestros productos y reforzar la lucha contra la obsolescencia tecnológica.
No olvidemos la digitalización de nuestra vida cotidiana. Junto al potencial de aportar muchos beneficios a nuestra vida cotidiana, coexisten nuevas formas de discriminación no tan edificantes, como la denegación de ofertas de seguros a quienes están enfermos (o un robot cree que lo están).
Estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista, pero la buena noticia es que existen soluciones a estos problemas.
Una de ellas es la puesta en marcha del nuevo Green Deal o Pacto Verde de la UE. Los consumidores tienen mucho que ganar con esta ambiciosa reforma. Con casas más modernizadas y electrodomésticos más eficientes ahorraremos dinero en la factura de la luz. Unas normas de emisiones más estrictas para los automóviles mejorarán la calidad del aire y la restauración de los ecosistemas y unas prácticas agrícolas más ecológicas son fundamentales para la seguridad alimentaria a largo plazo. Además, la prohibición del greenwashing protegerá a los consumidores de los falsos productos y servicios pseudoverdes.
Los miembros del Parlamento Europeo pueden ayudar a la UE a construir una mejor relación con los europeos si hacen de la actuación ante estos retos su prioridad. Si, por el contrario, seguimos manteniendo un debate incesante sobre Europa sin profundizar en lo que realmente hace, corremos el riesgo de socavar por completo sus beneficios para nuestra vida cotidiana. Aún estamos a tiempo de hacerlo bien.
