El grupo europeo de defensa de los consumidores BEUC, al que pertenece ASUFIN, ha acogido con satisfacción el acuerdo
Cada país de la UE tendrá que nombrar al menos una organización de consumidores u organismo público para iniciar las acciones colectivas
El Parlamento Europeo y los Estados de la UE llegaron a un acuerdo a última hora del lunes para allanar el camino a que los ciudadanos europeos puedan unirse y presentar demandas colectivas contra empresas por servicios defectuosos. Eso sí, han incorporado una serie de salvaguardias para evitar los excesos que hay en Estados Unidos con este tipo de demandas. Entre ellas, se incluye el principio de «el perdedor paga», que garantiza que la parte derrotada pague las costas del procedimiento a la parte ganadora.
Las demandas colectivas podrían cubrir protección de datos, los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía y las telecomunicaciones. También el medio ambiente, la salud y los derechos de los pasajeros de avión y de tren. Este acuerdo tendrá que ser sellado por los 27 países miembros del bloque y su órgano legislativo en las próximas semanas.
Los Estados tendrá dos años para insertar en su legislación nacional la normativa de la UE
Los Estados tendrán dos años para insertar en su legislación nacional la normativa de la UE. «Hemos buscado un equilibrio entre la protección legítima de los intereses de los consumidores y la necesidad de seguridad jurídica para las empresas», ha explicado el europarlamentario Geoffroy Didier en un comunicado.
La Comisión Europea ya anunció en 2018 esta propuesta, pero se retrasó por desacuerdos entre los países de la UE y los europarlamentarios. El BEUC, grupo europeo de defensa de los consumidores al que pertenece ASUFIN, ha acogido con satisfacción el acuerdo.
“Este acuerdo es un gran hito para poner la justicia al alcance de todos los consumidores de la UE. Los consumidores pueden acudir por fin a los tribunales de forma colectiva cuando sus derechos se vean perjudicados por el mismo comerciante”, ha explicado la directora general de BEUC, Monique Goyens.
Cada país de la UE tendrá que nombrar al menos una organización de consumidores u organismo público para iniciar las acciones colectivas en nombre de los consumidores.
