Sumar registra una iniciativa en el Congreso para abordar la peligrosa financiación instantánea que ofrecen operadores de crédito
Desde ASUFIN apoyamos la necesidad de regular el ámbito de la financiación de pequeña cuantía y rápida que ofrecen muchos operadores, fundamentalmente por Internet, tal y como señala la proposición no de ley presentada al pleno del Congreso por el Grupo Sumar. En concreto, coincidimos en que hay prestar atención a los reclamos publicitarios de este crédito en la que se destaca la facilidad de su obtención, lo que crea la falsa expectativa de que podemos encadenar un producto tras otro, con el riesgo de impago y sobreendeudamiento que conlleva.
Por otro lado, y siendo objeto este tema de la Directiva de crédito al consumo, a punto de transponerse en nuestro país, una de las cuestiones clave es el tope a los tipos de interés, que Europa deja como posibilidad a cada Estado miembro, algo que desde Portugal ya tienen establecido. Consideramos que nuestro país podría seguir ese camino, para evitar mucho de los abusos que se cometen, con productos de crédito rápido que se ofrecen a TAE desorbitadas, tal y como viene demostrando nuestro barómetro desde hace cinco años.
En concreto, en la última edición, la quinta, del Barómetro ASUFIN anual de minicréditos destacábamos que la oferta se concentra ahora en productos de elevada cuantía que se ofrecen a menor plazo, lo que obliga al consumidor a elevar la cautela para no incurrir en impago, una situación a la que muchas veces se llega al tener que contratar otros préstamos rápidos para abonar deudas.
En ASUFIN, conscientes del problema del sobreendeudamiento de las familias, contamos con un servicio de asesoría en deuda apoyado por la Unión Europea. A través de dicho servicio, ayudamos en la prevención del sobreendeudamiento pero también asistimos a aquellas personas que necesiten restructurar sus préstamos mediante herramientas como la Ley de Segunda Oportunidad.
Finalmente, consideramos como punto positivo de la propuesta de Sumar la de establecer un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo. Podría articularse como figura intermedia, con requisitos diferentes a los de las entidades bancarias, pero que incida en que sean compañías que presenten prácticas respetuosas con el consumidor en un marco de rendición de cuentas que responda ante los reguladores de nuestro país, tal y como señala el texto legal presentado.
