Consumir menos y consumir mejor son objetivos fundamentales para la transición energética
El pasado mes de julio, se publicaba un nuevo Sistema de Certificados de Ahorro Energético que afectan muy directamente a sectores como la edificación, el transporte, la industria o los servicios. En general, el sistema está pensado para el beneficio de aquellas empresas (sujetos obligados) que deben realizar contribuciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE); sin embargo, algunos clientes finales también podrán verse beneficiados.
¿Cómo funciona el Sistema CAE?
De manera sencilla, podemos decir que este sistema viene a facilitar a las empresas obligadas a contribuir al FNEE sus pagos de forma que puedan sustituirlos por un ahorro de energía final, de manera voluntaria en un determinado porcentaje (que en 2023 es del 40% y se fijará anualmente). Para ello, deberán acometer mejoras de infraestructuras encaminadas a dicho ahorro de energía final que deberán ser verificadas a partir de la emisión de estos certificados o CAEs.
En España se ha optado por una estandarización de las medidas de eficiencia energética: el Gobierno deberá aprobar y publicar un catálogo con dichas medidas y la cantidad equivalente de ahorro de energía que supone cada actuación o el procedimiento para su cálculo. Esto permite conocer de antemano el beneficio de la inversión a realizar, lo que resulta especialmente ventajoso para empresas más pequeñas, comunidades de propietarios, etc.
¿Qué ventajas tiene, entonces, para el consumidor final?
De manera indirecta, las inversiones en infraestructuras para el ahorro final pueden redundar en beneficios para los consumidores que verían reducidas sus facturas energéticas.
Un ejemplo claro se observa en las acciones para la rehabilitación energética de los edificios por parte de las comunidades de vecinos. Lo cierto es que acometer este tipo de mejoras de infraestructura tiene un coste inicial y, desde ASUFIN y otras organizaciones de la sociedad civil, venimos llamando la atención acerca de la necesidad de democratizar la información, burocracia y barreras económicas de acceso a la rehabilitación energética de los edificios a través del Grupo de Trabajo de la ERESEE.
Precisamente, uno de los objetivos que se marca la Directiva 2012/27/UE, de la que este sistema trae causa, es aliviar la pobreza energética y a partir de un principio más elevado como es la transición justa. En este sentido, debemos velar porque los beneficios de las acciones beneficien por igual a todos los ciudadanos pero prestando especial atención a los más vulnerables.
