Se han cumplido dos años desde que Banco Santander se hiciera con Banco Popular por el simbólico precio de un euro. 305.000 accionistas y bonistas perdieron todo su dinero y luchan, desde entonces, por recuperarlo.
ASUFIN sigue defendiendo los derechos de los consumidores con demandas individuales y afronta, con esperanza, las resoluciones judiciales.
ASUFIN presentó, unas semanas después de esta venta, una querella penal contra los anteriores consejeros de Banco Popular y PWC por fraude de inversiones, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la hacienda pública. Se puso en manos de un equipo jurídico especializado, capitaneado por el letrado Oscar Serrano y presentó un informe pericial muy trabajado.
Dos años después seguimos esperando, presentando demandas individuales para que nuestros asociados recuperen su dinero y ganando en los tribunales. Los magistrados y jueces, a la vista de los informes periciales, condenan a Banco Popular a reintegrar lo invertido, por lo que aconsejamos a todos los afectados que nos consulten cuanto antes.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, valora el trabajo hecho por la asociación: Estamos obteniendo documentación muy relevante que prueba que las cuentas del Banco Popular no eran reflejo de la realidad, sin embargo, la situación para los afectados es mucho más compleja que la que vimos en Bankia. Queda mucho por averiguar, no descansaremos hasta conocer toda la verdad.
¿Qué ha pasado desde el 7 de junio de 2017 hasta hoy?
En estos dos años no han parado de aumentar los litigios, no sólo contra los gestores sino también contra todos los organismos que participaron en aquella resolución (FROB y la JUR). Los tribunales se han llenado de demandas civiles reclamando la devolución de su inversión en acciones y los primeros fallos han sido favorables a los consumidores. La primera Audiencia Provincial que sentó jurisprudencia fue la de Oviedo que condenó a Banco Popular por ofrecer una información incorrecta en su ampliación de capital en 2016.
Sin embargo, los juzgados de instancia llevan tiempo condenando a Banco Popular por entender que ya su ampliación de capital en 2012 no fue correcta. Los peritos han detectado irregularidades contables y una supuesta falta de veracidad en la publicidad de los folletos informativos para captar inversores.
Hasta hoy, el FROB ha recibido 1.063 solicitudes por responsabilidad patrimonial, hay reclamaciones contra el Banco de España y la CNMV. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite 262 recursos contenciosos que están a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea.
La JUR (Junta Única de Resolución) sigue sin publicar los documentos completos de la decisión de resolución de Popular y los informes de valoración que se utilizaron para llegar a ella. Los peritos han dictaminado que las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 no dejan claro que el banco fuese viable y han sacado a la luz un expediente sancionador que emitió el Banco de España por posibles incumplimientos durante 2014 y 2017 de la normativa relativa a la consolidación prudencial y a los requerimientos de recursos propios.
Mala gestión o engaño a conciencia?
Banco Popular alcanzó su máximo histórico de cotización en abril de 2007 y tras una serie de operaciones fallidas, en diciembre de 2012 y mayo de 2016 presentó una ampliación de capital en la que participaron miles de accionistas. La imagen de banco solvente, el sexto banco de España, ayudó a que los ahorradores acudieran a esta ampliación. En abril de 2017 la CNMV advierte a los inversores del alto riesgo de quiebra, algo que la entidad negó rotundamente. El 6 de junio la acción cotizó a su mínimo histórico, 0,317 y los accionistas se acostaron preocupados.Al levantarse la mañana siguiente supieron que lo habían perdido todo.
Esa imagen de normalidad y robustez que quiso mostrar Banco Popular hasta el último momento es la razón por la que los accionistas están recuperando su inversión en tribunales. Todos los accionistas, titulares de bonos o deuda subordinada que suscribieron sus títulas hasta el 10 de abril de 2017 pueden demandar y recuperar su dinero.
¿Se puede recuperar lo invertido?
El abogado colaborador de ASUFIN, Oscar Serrano, sostiene que se debe solicitar la nulidad del contrato de compra por vicio del consentimiento, ya que los consumidores adquirieron las acciones creyendo en la solvencia del banco durante la ampliación de capital de 2016, que no era tal. Esta acción tiene un tiempo de prescripción de 4 años desde julio de 2017 (ya hay sentencias, como la del JPI de Móstoles)
El tribunal Supremo ya ha sentando jurisprudencia con las acciones de Bankia, cuando confirmó que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública.
Pero también se pueden reclamar la acciones adquiridas en el mercado secundario y as posteriores a la ampliación de mayo de 2016. Del mismo modo, Serrano nos habla de la posibilidad de defender las acciones antiguas y muy antiguas, como las adquiridas en 2012, porque podían haberse vendido si los accionistas hubieran conocido la realidad de la entidad. De hecho, los informes periciales defienden que las cuentas de los ejercicios 2008 a 2014 ya no reflejaban la imagen fiel de Banco Popular.
Es reconfortante constatar que los tribunales llevan tiempo fallando a favor del consumidor. Aquí puedes acceder a algunas de estas resoluciones sobre acciones y sobre bonos del Banco Popular
Aún estás a tiempo de reclamar
Es fundamental que este tipo de reclamaciones se realicen bajo la dirección letrada de especialistas si se quiere tener éxito. En ASUFIN contamos con los mejores letrados en esta materia y estamos a disposición de todos los afectados para aconsejarles sobre su caso. No dejes de reclamar y consúltanos cuánto antes para saber si aún estás a tiempo de recuperar tu dinero.
