Secunda la iniciativa de las organizaciones ecologistas y subraya que de salir adelante la propuesta implicaría involucrar al inversor medio en el ‘greenwashing’ de estos sectores
En vísperas de la votación de los comités de medio ambiente y económico y social del Parlamento Europeo para incluir el gas y la energía nuclear como actividades sostenibles, ASUFIN ha pedido a todos los eurodiputados españoles que votan mañana este acto delegado que digan no al lavado verde de ambas energías. De este modo se alinea con otras organizaciones para solicitar a los eurodiputados españoles que se pronuncien en contra de esta propuesta de falsa taxonomía verde y evitar que miles de millones de euros pasen a financiar a los combustibles fósiles y a la nuclear.
La emergencia climática, la guerra de Ucrania y la subida vertiginosa del precio del gas demuestran que es muy urgente cambiar a fuentes de energías limpias, baratas, abundantes y locales. Sin embargo, si sale adelante el acto delegado de la nueva taxonomía, la nueva lista de actividades económicas sostenibles incluiría también el gas natural y la nuclear. Estas serían consideradas inversiones verdes, a pesar de las emisiones de gases de efecto invernadero del gas y de los residuos radiactivos de la energía nuclear.
Desde ASUFIN denunciamos, junto con ONG como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, que esta nueva taxonomía —que etiqueta el gas y la energía nuclear como sostenibles— ha sido maquillada de verde por los grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles y la energía nuclear.
En cuanto a la legalidad de la votación, hay que recordar que es el propio Reglamento de la Taxonomía el que establece que los criterios para listar las inversiones sostenibles deben basarse en la ciencia y las actividades catalogadas como verdes no deben causar impactos al medio ambiente.
Sin embargo, si se aprueba este acto delegado, que abriría la puerta a incluir el gas y la nuclear como verdes, sería contrario a estos principios éticos, por lo que podría ser impugnado, como ya han anunciado países como Austria y Luxemburgo.
