El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama empieza la ronda de declaraciones de investigados por la quiebra de la entidad con la comparecencia del expresidente Emilio Saracho
ASUFIN presentó una querella contra la cúpula por fraude, falsedad, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública
La asociación apoya la manifestación convocada por los afectados pero está convencida de que hay que concentrar los esfuerzos en una defensa jurídica solvente que ayude a los afectados a recuperar sus ahorros
Miércoles, 2 de octubre de 2019. Hoy empiezan las declaraciones de los investigados por las irregularidades que llevaron a la quiebra del Banco Popular, siendo el primero en comparecer, hasta el jueves, el presidente de la entidad en el periodo del 21 de diciembre de 2016 al 7 de junio de 2017, Emilio Saracho. Unos 300.000 ahorradores, según informó entonces la propia entidad, perdieron todo su dinero cuando en junio de 2017 se acordó la venta a precio de saldo al Banco Santander.
ASUFIN presentó entonces una querella contra los consejeros de Banco Popular y PwC, su auditora de cuentas por fraude y falsedad de las cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública. Desde entonces, y de forma paralela, la asociación ha concentrado sus esfuerzos en defender individualmente a los afectados para que recuperen su dinero.
En ese sentido, ya hay jurisprudencia de demandas ganadas tanto para los que suscribieron las acciones mediante contrato directamente con la entidad como los que lo hicieron adquiriendo éstas en el mercado secundario. Los abogados colaboradores de la asociación sostienen que es posible defender las acciones muy antiguas, como las adquiridas en 2012, porque no podrían haberse vendido de conocer los accionistas la realidad de la entidad. Los informes periciales defienden que las cuentas de los ejercicios de 2008 a 2014 ya no reflejaban la imagen fiel de Banco Popular. Según la base de datos jurisprudencial de ASUFIN, 23 de los 24 procedimientos en primera instancia se han fallado a favor del consumidor, y en Audiencia Provincial, 5 de los 6 han seguido ese camino. Aquí se puede acceder a algunas de estas resoluciones sobre acciones y sobre bonos del Banco Popular.
??⚖️ Sentencia AP 7 Valencia-Bonos Popular
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, sostiene que la asociación “defiende las manifestaciones de afectados convocadas para el día de mañana pero creemos en la fuerza y argumentos de la buena defensa que ejercen los abogados, que debe ser seria y solvente”.
Querella contra la entidad y su auditora de cuentas
Las investigaciones que llevaron a cabo los peritos de ASUFIN para la elaboración de la querella llevaron a determinar, para el caso de fraude, omisiones muy relevantes en la información facilitada a la CNMV sobre la verdadera situación del Banco Popular, razón por la que se requiere a la entidad en 2016 a que facilite las valoraciones de los activos inmobiliarios (muy deteriorados por la crisis); información que facilita con posterioridad a la ampliación de capital, evitando dar a conocer a los inversores que ya se encontraba con patrimonio negativo de 464 millones.
Con relación a la administración desleal, entre los años 2015 y 2016 las retribuciones de los consejeros aumentaron un 326%, con un incremento de gasto de 5.285 millones a 22.540 millones. A este respecto hay que recordar, que hace unas pocas semanas, ya se conoció la sentencia del primer pleito que enfrenta a Santander con el presidente del Popular, de 2006 a 2016, Ángel Ron, que obliga a este último a devolver la indemnización por prejubilación cobrada de 12,8 millones que preveían los estatutos de la entidad, debido a las millonarias pérdidas de Popular en 2016.
Por lo que se refiere al delito contra la Hacienda Pública, los peritos de ASUFIN detectaron la constitución y el mantenimiento de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán durante 16 años. Su fin era la emisión de participaciones preferentes y con ella se evitaba declarar en su Impuesto de Sociedades los ingresos de esa suscripción. La querella se formuló igualmente contra PwC al entender que tuvo una conducta «consentidora» o de «beneplácito» frente «a la deriva» que iba tomando la entidad. Para ASUFIN, la auditora contribuyó al perjuicio económico de los clientes del Popular al justificar con sus auditorías las acciones del banco.
