Bruselas, 5 nov (EFE).- La asociación de usuarios financieros Asufin reclamó este martes en Bruselas mejoras en las normas que autorizan las demandas colectivas en toda la Unión Europea, entre ellas que se permita iniciarlas sin el apoyo de una organización de consumidores y que se fije un límite de tiempo para resolverlas.
La Comisión Europea propuso en 2018 dentro del llamado «Nuevo Acuerdo por los Consumidores» una directiva que prevé extender las demandas colectivas, que ya existen en España y otros 18 países comunitarios, a todos los países de la Unión para permitir a los ciudadanos reclamar por escándalos que afecten a un gran número de personas.
Para Asufin es «fundamental» que se ponga en marcha esta medida – que ya ha sido aprobada por la Eurocámara pero aún está a la espera de la luz verde del Consejo -, pero consideran esenciales tres elementos, explicó a Efe su presidenta, Patricia Suárez, tras participar en una reunión del Foro Europeo de Finanzas Minoristas.
La organización cree que es un «error» que se limite la posibilidad de introducir estas demandas a las entidades acreditadas, es decir, las organizaciones de consumidores, una salvaguarda pensada para evitar que haya un abuso de los litigios.
A juicio de Asufin esto «limita la capacidad de la sociedad civil» para organizarse en plataformas de afectados que tengan un objetivo común pero que puedan disolverse tras conseguir un resultado.
Asimismo, abogan por que se permita la cooperación entre asociaciones de consumidores de distintos países, y no solo entre las autoridades nacionales, puesto que lo ideal sería que pueda plantearse una acción colectiva conjunta de diferentes Estados ante un único tribunal, según Suárez.
Por último, la asociación cree que debería introducirse un límite de tiempo para que los tribunales resuelvan las demandas colectivas, porque «es el único modo» de que los Estados doten de medios económicos y humanos a los tribunales y se consiga un resultado en un plazo razonable.
Más allá de esta directiva, Asufin considera prioritario que la UE legisle en materia de Fintech -finanzas tecnológicas- y el desarrollo de las finanzas sostenibles, temas que serán clave en la próxima legislatura de la Comisión Europea.
La organización insiste además en que Bruselas debe asegurar que se cumplen normas europeas que ya están en vigor, como la directiva de crédito hipotecario -introducida en España este año a través de la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario- o las normas SEPA (Zona Única de Pagos Europea)
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