Quedan en suspenso la Autoridad de defensa del cliente bancario, en su recta final, y la trasposición de la Directiva de acciones colectivas
Con el giro de guion decidido por el presidente de Gobierno se ponen en peligro importantes avances en materia de consumo porque quedan en el limbo iniciativas legislativas concretas a las que quedaba escaso recorrido para ser realidad: la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y la Ley de Acciones de Representación Colectiva.
En concreto, a la Autoridad quedaba un último paso por el Senado y posterior aprobación final en el Congreso para empezar a echar andar. “No nos podemos resignar y asistir sin más a retrocesos tan críticos cuando se había tomado conciencia de la importancia de proteger al consumidor de la mala praxis de la banca y las compañías financieras. Es muy frustrante saber que no sale adelante en esta legislatura un organismo tan necesario, confiamos en que el nuevo Gobierno no abandone este proyecto.”, declara Patricia Suárez.
Recordemos que, con la Autoridad, los clientes contarán con una figura de protección, inédita en nuestro país y que nos homologa con los países más avanzados de nuestro entorno. Hacía décadas que las asociaciones de consumidores pedíamos un organismo similar que llegara para atajar de una vez por todas la sensación de impunidad de la banca y las compañías financieras que agotan el recorrido judicial, con el coste en tiempo y dinero que ello representa, antes de resolver los conflictos con los clientes y, en su caso, resarcirlos del daño económico causado.
Por otro lado, queda también en suspenso la ley de acciones colectivas con la que nuestro país daba cumplimiento a la trasposición de la Directiva europea para impulsar este tipo de acciones. Una iniciativa legislativa de suma importancia que va a permita que todos nos podamos ver recompensados por las empresas que infrinjan los derechos de los consumidores en ámbitos como los servicios bancarios, los viajes, la energía, la sanidad, las telecomunicaciones y la protección de datos, sin necesidad de ir a juicio individual.
Las elecciones en nuestro país, justo cuando empieza el semestre en que le toca presidir la Unión Europa, cuestiona una hoja de ruta muy definida en materia de protección al consumidor y que priorizaba cuestiones como: la seguridad de los consumidores en un entorno digital de riesgos emergentes, la protección de los clientes financieros ante el riesgo crediticio, la toxicidad en alimentos y cosmética, el acceso universal al ámbito médico y fármacos, entre otros.
