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Las sanciones implicarían “infracción en materia de consumo” por la “reiteración en el ejercicio de prácticas abusivas” en asuntos como las revolving
En ASUFIN hemos tratado, por cuarto año consecutivo, el Día Internacional de la Mujer, centrando la atención, esta vez, en la violencia económica, de la mano de cuatro expertas: las juristas Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, y Carla Vall i Duran, la economista Raquel Alcaraz, de la Federación de Mujeres Progresistas y la psicóloga, Ana Villarrubia. Moderó el acto la periodista, Silvia Intxaurrondo, quien introdujo el tema explicando que se trata de una «violencia difícil de identificar porque no se nombra y que tiene el poder de invisibilizar a quien la padece, hasta reducirla a la nada”. El acto fue acogido por el Ateneo de Madrid, al que dio la bienvenida Cristina Valera, de la sección de Derechos Civiles de la Institución.
“Tenemos que proteger desde el minuto cero el patrimonio de los herederos, niños que se quedan huérfanos, para evitar que el agresor maniobre desde la cárcel para ocultar su patrimonio y evitar cumplir con su obligación de indemnizar a los hijos de la víctima”, manifestó Marisa Soleto, que añadió: “En el mensaje de tolerancia cero tenemos que implicar también a agentes privados como las aseguradoras y a las entidades financieras”. Raquel Alcaraz abundó en esa idea al afirmar que “la banca tiene mecanismos para conocer qué tipo de cliente tiene delante y las circunstancias familiares que lo rodean”, apelando a la necesidad de activar la responsabilidad corporativa de los agentes privados en la prevención de la violencia económica.
Ana Villarrubia se refirió a la violencia económica como “maquiavélica y premeditada”, en lo que coincidió Soleto al aclarar que “no podemos pensar que es una derivada más de la violencia de género, es algo planificado y deliberado”. En sus formas más extremas, “no sólo se limita al impago de pensiones, hemos visto casos de asesinos oponiéndose desde la cárcel a la disolución del régimen de gananciales para que los hijos no pudieran acceder a la herencia de la madre”, expuso la directora de Fundación Mujeres.
La abogada Vall i Duran explicó que, desde su experiencia de defender a las mujeres maltratadas: “Nos cuestan las situaciones confrontativas y a veces me cuesta convencer a mis clientas de que se puede pelear un poco más”. Y añadió la importancia de visibilizar una suerte de pacto de caballeros por el que en determinados entornos masculinos “está bien visto alardear de no pagar la pensión de los hijos”.
La jurista Carla Vall i Duran, llamó la atención también sobre las lagunas en el ámbito asegurador: “La mayoría de las pólizas excluyen el suicidio para el pago del seguro de vida y muchos asesinos culminan de ese modo la agresión a las mujeres, condicionando el futuro económico de los hijos”.
Todas coincidieron en lo sutil, invisible y sibilino de esta violencia, y la psicóloga Ana Villarrubia añadió que este tipo de violencia es también psicológica al hacer mella en la autonomía personal, “que se ve obstaculizada al no disponer de un patrimonio”.
“Un juez puede reconocer que te han puesto el ojo morado pero no tanto que te han arruinado tu vida y tu proyecto profesional”, terció Soleto, que se preguntó “Qué pasa con una hipoteca cuando tu padre ha matado a tu madre; no es fácil cambiar las leyes pero sí podemos pedir a la banca que se comprometa con protocolos de buen gobierno que salvaguarden el patrimonio de las criaturas que quedan huérfanas”.
Tanto la Fundación Mujeres como la Federación de Mujeres Progresistas, participantes en la jornada, ayer, son miembros del Observatorio Estatal de Violencia de Género, en el que también está presente ASUFIN, en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
