Los juzgados especializados en cláusulas abusivas, que entraron en funcionamiento en junio de 2017, adolecen de los medios materiales y humanos necesarios para asumir los estragos de la mala praxis bancaria que caracterizó la crisis financiera vivida la pasada década. Es una denuncia que, de manera reiterada, venimos haciendo estos últimos años desde ASUFIN (@asufin_). Con los datos del Consejo General del Poder Judicial (@PoderJudicialEs) en la mano, hasta el cierre del segundo trimestre del presente ejercicio, habían entrado en estos juzgados un total de 431.920 demandas, de las que sólo 178.174 han sido ya resueltas.
Como Asociación, somos la primera puerta a la que llaman multitud de afectados con productos bancarios comercializados indebidamente. Y pasado el tiempo, cuando el caso se soluciona, vemos con frustración que han podido pasar años hasta que llega una sentencia favorable por la lentitud con la que estos procesos discurren a través de los engranajes de la justicia.
Quiero referirme, como ejemplo de lo expuesto, a un caso particular especialmente sangrante: una demanda por hipoteca multidivisa presentada en mayo de este año ante el juzgado de primera instancia número 11 de Córdoba. La demanda, interpuesta por ASUFIN contra Banco Santander, fue admitida a trámite en junio, pero no fue hasta el pasado 30 de septiembre cuando la letrada de la Administración de Justicia fijó fecha para una audiencia previa entre las partes en litigio, a celebrar el 19 de enero de 2023. Es decir, cuatro años para proponer la prueba o intentar un acuerdo, lo que significa que para el juicio haya que esperar otros cuatro años más. Esta situación la vivimos en otros juzgados, como los de Madrid, Barcelona o Sevilla, que también arrastran retrasos superiores al año.
Hacen falta más medios humanos y materiales
En ASUFIN somos conscientes que los jueces así como todo el personal que trabaja en un juzgado hace todo lo posible por acelerar los procedimientos. Sin embargo, es evidente que sin más medios, humanos y materiales, difícilmente se podrá atender los miles de asuntos que se apilan en los juzgados. Resulta realmente frustrante tener que explicar a un afectado por abusos bancarios, que está reclamando legítimamente que le devuelvan un dinero que le pertenece, que tiene que esperar entre 6 y 8 años para que se resuelva su caso.
A esto se añade la inminente sentencia sobre las hipotecas en IRPH del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se espera en unos meses, y que supondrá una avalancha de nuevas demandas si, tal y como se prevé, sigue el criterio defendido por su abogado general de estimar que la venta de esos productos pudo ser abusiva.
Por su parte, nuestras entidades financieras mantienen una estrategia procesal absolutamente irresponsable y de espaldas a la sociedad. Efectivamente, a pesar de conocer que el 99% de los asuntos se resuelven a favor del consumidor, no solamente evitan que su cliente tenga que interponer una demanda, sino que retrasan el resultado recurriendo a instancias superiores. Las entidades financieras no pueden seguir anteponiendo sus intereses económicos, retrasando la devolución de las cantidades indebidamente cobradas a sus clientes, abusando de nuestro sistema judicial. Un comportamiento antisistema que están pagando no solo los consumidores, sino todos los contribuyentes que, con nuestros impuestos sostenemos la Administración de Justica.
Finalmente, quiero recordar que es responsabilidad del Gobierno y de las comunidades autónomas el dotar de medios a los tribunales, porque de lo contrario estarán vulnerando el principio fundamental de la Constitución española al estarse produciendo dilaciones indebidas. Desde ASUFIN estamos estudiando tomar medidas para denunciar esta situación y llegar, si hiciera falta, hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
65yMás – Hipoteca multidivisa: reflejo del atasco en nuestros juzgados – 30.10.19
