Reproducimos a continuación la entrevista realizada por Lucía Martin (Cuarto Poder) a la presidenta de la Asociación, Patricia Suárez.

Hace algunos años, la madrileña sala de teatro Cuarta Pared tenía en cartel una obra llamada Rebeldías Posibles: en ella, el protagonista, llamado Señor García, se dedicaba a reclamar unos céntimos a una teleoperadora por estar en desacuerdo con las tarifas. Eran unos céntimos, pero eran suyos y García se dedicaba en cuerpo y alma a semejante aventura y no cedía en su empeño, aunque lloviesen chuzos del cielo. Su actuación acababa inspirando a otros y así se iba creando un ejército de Garcías a lo largo y ancho de la sociedad.

Patricia Suárez podría ser perfectamente el Señor García, de no ser porque su reclamación no ha sido contra una teleoperadora, sino contra un todopoderoso Bankinter, y tampoco se trataba de unos céntimos sino de 13.000 euros. Y ahora, después de seis años, los tribunales le han dado la razón y el banco ha renunciado a recurrir. Pero vayamos a los orígenes de la historia…

La pelea de Patricia contra la entidad financiera empezó en 2008: contrató una hipoteca, junto con su marido, con el banco. Y después empezó la guerra de hipotecas, lo que hizo que Banesto le hiciera una oferta con un interés más bajo: “Me acerqué a Bankinter a pedir que me lo mejorasen, al principio se negaron y luego me ofrecieron este producto, denominado Clip, que se suponía me tendría que proteger frente a la subida de tipos”, comenta Suárez. Podríamos pensar que era un seguro, de hecho muchos de los que lo contrataron lo pensaban, pero en realidad era un swaps de tipos de interés: un derivado sobre tipos. Si los tipos subían, lo que ganaba el cliente compensaba la subida de la letra de la hipoteca, pero si bajaban, el cliente debía pagar al banco la pérdida del derivado. Algo que los clientes, evidentemente, no sabían. “Nunca me dijeron que era un derivado, de hecho, la comercial, porque yo intenté cancelarlo varias veces cuando empezamos a ver la bajada de tipos en EEUU, me dijo que había ventanas de cancelación cada tres meses. Lo cierto es que cuando quise cancelarlo me dijeron que tenía que pagar 8.000 euros para poder hacerlo. Me eché a llorar, literalmente”, explica Suárez. ¿De dónde salía esa cantidad? “El contrato decía que podías cancelarlo a valor de mercado, y eso un minorista no sabe lo que es ni sabe calcularlo”, comenta.

Patricia, que trabajaba como autónoma desde casa, empezó a navegar por Internet durante las noches en busca de información sobre los clips y de repente se percató de que había muchos otros como ella. “Al mismo tiempo, empezamos a buscar abogado, había muy pocos en aquella época expertos en derecho bancario. En 2009 creamos la asociación, Asuapedefin, Asociación de usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros”, añade.

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