Las asociaciones ASUAPEDEFIN, ACUIB y APYMIFID, dedicadas al asesoramiento y defensa de los intereses de los usuarios minoristas de productos financieros, han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario por parte de España.

Abajo a la izquierda, Carlos Hernández Guarch (Presidente de ACUIB) y Patricia Suárez (Presidenta de ASUAPEDEFIN y APYMIFID), en un seminario en Barcelona

La Directiva MIFID define con absoluta claridad qué clientes se consideran profesionales en la contratación de servicios financieros. Sin embargo, este modelo de clasificación de clientes ha sido completamente desvirtuado en la transposición al derecho interno operada por la Ley del  Mercado de Valores dejando espacio a la interpretación por parte de las entidades financieras allí dónde la Directiva no deja lugar a dudas: si se cumplen los requisitos se es cliente profesional, en caso contrario, se es minorista.

Por si ello fuera poco, dónde la Directiva habla de ‘poseer experiencia’ la la Ley del Mercado de Valores habla de ‘presunción de la experiencia’, facilitando de manera definitiva la clasificación como profesional de miles de clientes que no cumplen con los requisitos expresado en la Directiva pero se les ‘presume’ experiencia.

Esta incorrecta transposición de la norma comunitaria está dando lugar a un debate judicial, caso por caso, sobre quién tiene presumiblemente experiencia y, por tanto, no es digno de protección a pesar de no cumplir los  requisitos de la Directiva para ser cliente profesional.

Este incumplimiento absoluto de la normativa de la Unión Europea preocupa a las 3 asociaciones denunciantes, especialmente al demostrarse el abuso en la actuación de los bancos españoles y las distintas sentencias que han dado lugar a interpretaciones dispares dependiendo de la ‘presunta’ experiencia del cliente, aunque de manera cada vez más abrumadoramente favorable a los derechos de los clientes con casi 650 favorables a los mismos. Preocupados por garantizar los derechos de los clientes bancarios, ASUAPEDEFIN, APYMIFID Y ACUIB han presentado esta denuncia ante la Comisión Europea en la confianza de que se le pedirá al Reino de España las explicaciones oportunas y, en su caso, la correcta trasposición de la Directiva.