APYMIFID presentó el 25 de enero la segunda demanda acumulada contra Banesto en la que le reclama 153.870,92 euros más los intereses correspondientes por la indebida comercialización de  un swap con barreras (COLLAR) a 5 pymes.
Se trata de la segunda demanda de ésta asociación creada para la correcta aplicación de Mifid. Coincide con la noticia de la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial 1 de Álava.

La demanda, redactada por Patricia Gabeiras Vázquez de EJ Abogados, acredita que los contratos de SWAPS en la modalidad de COLLAR comercializados por la entidad no respetan:

  • la normativa de condiciones generales de la contratación
  • la normativa específica financiera y bancaria y -por si ello no fuera suficiente-
  • la normativa relativa a la existencia y perfección de los contratos de nuestro ordenamiento civil.

El objeto de la demanda presentada es conseguir la nulidad de estos contratos

Copia sellada. 25/01/2011

Copia sellada. 25/01/2011

suscritos entre BANESTO y 5 socios de APYMIFID, así como solicitar la restitución de las prestaciones recíprocas, junto con la correspondiente liquidación de intereses.

La demanda va acompañada de un Dictamen financiero elaborado por Antonio Rivelade Netvalue Consultores Financieros en el que se muestra cómo desde el mismo momento de comercialización de los productos se produjo un perjuicio a los clientes que fue aprovechado directamente por BANESTO. De la misma manera, el perito afirma que es un contrato muy difícil de comprender incluso para un experto financiero y que para calcular las liquidaciones y el coste de cancelación debe utilizarse un modelo financiero-matemático riguroso que difícilmente puede comprender un cliente minorista como son las pymes y autónomos que nos ocupan.

Banesto, al igual que otras entidades financieras de nuestro país, comercializó swaps entre sus clientes minoristas para ‘asegurarles’ ante la subida de tipos de interés. El momento de colocación coincidía con la contratación o renovación de una póliza de crédito, descuento, préstamo, etc… y casi siempre como requisito para acceder a dicha financiación. La situación de miles de empresas en este país ya es comprometida debido al escenario económico internacional y se ha visto seriamente agravada por la contratación de estos productos tóxicos. En estos momentos cuenta con 6 sentencias en su contra (una de ellas publicada hoy mismo de la Audiencia Provincial 1 de Álava) y ninguna a su favor.