El Juzgado de Primera Instancia nr. 7 de Gijón acaba de anular una Permuta Financiera de Tipos de Interés bonificado con Doble Barrera obligando al Banco Popular a la devolución íntegra de las cantidades cobradas. El Magistrado afirma que podría llegar a pensarse que el Popular no aportó suficiente información precontractual  “de manera intencionada, para lograr un beneficio o asegurar sus inversiones“.

El Magistrado Rafael Climent Durán considera probado que el Banco Popular ofertó  a la generalidad de los clientes que tenían un préstamo en vigor este tipo de permutas mediante un “barrido telefónico” poniendo de manifiesto cómo las entidades financieras han comercializado estos productos de manera masiva entre sus clientes. Así mismo, considera que la directiva europea Mifid es aplicable y ello a pesar de que el Banco de España lo viene negando en los últimos tiempos. En la Sentencia se estima que el cliente es minorista y que el Banco Popular realizó 3 preguntas que constan al final del contrato “que pueden calificarse de generales o difusas” pero no pueden ser consideradas un “test de idoneidad en debida forma”. La información aportada por la directora de la sucursal se considera escasa e incompleta y se echa en falta folletos “exahustivos o detallados” que aportasen al cliente las características del producto y los riesgos a los que se exponía.

El Magistrado recalca el deber de lealtad que debe tener la entidad financiera hacia su cliente en tanto que su conocimiento del producto y de la posible variación de los tipos de interés es notablemente mayor que la de un usuario bancario minorista.

En cuanto a la fórmula de cancelación que aparece en el contrato, el juez considera que “resulta bastante complicado, por no decir que imposible, para una persona sin especiales conocimientos de economía o, simplemente aritméticos, poder liquidar correctamente el contrato” y continúa diciendo que “incluso los propios empleados del banco tendrán que servirse de un programa informático específico para poder liquidar trimestralmente los distintos pagos por lo complicado que resultan las fórmulas tan escuetas que se exponen”.

Se considera probado que al “suscribir una operación de naturaleza compleja” el Banco Popular “no cumplió con el deber de información al que estaba obligado. Dicha actitud indujo a error a su cliente, y no permitió que su conocimiento se completara correctamente para poder prestar válidamente su consentimiento. Incluso podría llegar a pensarse que dicha situación ha sido provocada conscientemente por el Banco, es decir, el incumplimiento de sus obligaciones se ha hecho de manera intencionada, para lograr un beneficio o asegurar sus inversiones.”

Desde aquí agradecer al letrado, José Antonio Ballesteros, que ya había conseguido una sentencia favorable a un afectado por Banco Sabadell que nos haya enviado la sentencia así como su presencia este viernes en el Seminario SWAPS: Estrategias Judiciales en el que compartirá con los asistentes su experiencia como letrado experto en la defensa del consumidor bancario.

→ Descargar Sentencia contra el Banco Popular JPI nr. 7 Gijón